LEYES, JUECES, JUSTICIA. Por Gabriel Alcolea.

Entre las acepciones más reconocidas para definir cada una de las tres palabras del enunciado, están estas:
Leyes, normas de obligado cumplimiento que una autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa. Jueces, personas que tienen potestad y autoridad para juzgar y sentenciar. Justicia, virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o corresponde.

Si ahondamos un poco más en otros significados respecto a la Justicia, nos podemos encontrar con estas dos definiciones:
Administrar Justicia: Aplicar las leyes y hacer cumplir las condenas. Hacer Justicia: Obrar en razón.

Como podemos apreciar, existe toda una amalgama de conceptos, extensiones y sentidos para referirnos a algo tan básico y necesario como es, en resumen, la aplicación de la Justicia, entendida ésta con mayúsculas y como principio y norma de los designios que deberían regir en cualquier estado de Derecho.

Por desgracia y cuando, supuestamente, los hitos a conseguir en tal menester debieran ser logrados con mayor frecuencia e intensidad en favor de las clases más necesitadas, sobre todo, teniendo en cuenta los modernos medios con que la sociedad cuenta hoy en día; en nuestro país estamos sufriendo un retroceso alarmante en cuanto a derechos y ayudas sociales, propias de principios del pasado siglo.

En medio del mayor estado de corrupción y todo tipos de fraudes, encubiertos por la capa ignominiosa de las leyes más espurias; aplicadas, como no podía ser de otra manera, por los magistrados que administran la justicia, se está consiguiendo legalizar las mayores atrocidades y latrocinios que unos legisladores y unos gobernantes pueden llevar a cabo de la forma más impune.

Un ejemplo manifiesto del cinismo con que las leyes y las normas son comúnmente vulneradas por los mismos hacedores que las promulgaron lo encontramos en la defensa de los derechos fundamentales que protege la Constitución de 1978. Tanto en alguno de sus preámbulos: “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los Derechos Humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, como en cualquier otro artículo que hace referencia a los derechos fundamentales de los españoles: Derechos Civiles; Derechos Políticos o Derechos Económicos-Sociales y Culturales, observamos un dispendio oneroso en el Derecho objetivo con total burla y olvido del Derecho Subjetivo.

Los jueces cumplen con uno de sus preceptos básicos: administran Justicia, es decir, aplican las Leyes y sentencian en rigor. Mas el ciudadano de a pie echa en falta lo que para la mayoría de ellos supone la Justicia con mayúsculas: hacer Justicia, o sea, obrar en razón. La interpretación que antaño podían aplicar los magistrados a las normas se ha vuelto cada día más restringido y el legislador procura -en teoría se supone que para el bien general- con sus aplicaciones y regulaciones semánticas no dejar apenas hueco para mayores disquisiciones. Así pues, no es baladí las arengas e insinuaciones de la judicatura respecto a su escasa participación en el conglomerado judicial, como, al mismo tiempo, en el proceso de los nombramientos de los órganos que los rigen.

Llegamos fácilmente a la conclusión de que es normal que los ciudadanos corrientes vean como cada día la Justicia, esa que a todos nos gustaría que se aplicara con mayúsculas, se sitúa más y más lejos de ellos, como si nada tuviera que ver con el consuetudinario devenir de sus aconteceres laborales, sociales, políticos, etc. Todo está recogido en las normas. Todo está legislado. Todo está programado por el político de turno. Pero, en la práctica, nuestros conciudadanos, siguen echando en falta una JUSTICIA que de verdad les defienda y ampare de tanta injusticia y tanta falacia.